A la altura de los acontecimientos que a diario nos convocan, nadie puede dudar de la fractura social que se ha profundizado en nuestro país, grieta que se percibe cada vez más en lo que hace a la pretendida inclusión social, pues al flagrante deterioro en la educación y a la marginalidad que puebla nuestros espacios públicos, se suma la creciente inseguridad, el flagelo de la droga y la ola de rapiñas con uso de una violencia cada vez más atroz. Violencia que demuestra no sólo la pérdida de valores morales sino hasta el mínimo respeto por la vida humana.
El reciente homicidio de una empleada de una estación de servicio de Salinas, apuñalada al salir de su trabajo, no es más que un ejemplo de esa insanía. Y el problema es que, no se ven respuestas positivas de las autoridades de gobierno y la paciencia se agota. A la impotencia frente a estos hechos, se suma la rebeldía frente a situaciones como ésta, que lamentablemente hoy, son moneda corriente.
Duele comprobar la veracidad del exabrupto pronunciado por un jerarca vecino de la fallecida -tal vez políticamente incorrecto, pero muy cierto - (quizás por ello su posterior rectificación): “son ellos o nosotros”, que muestra a las claras la grieta social de la que hablamos. Y nuevamente, el reclamo por la seguridad volverá a cortar rutas (como sucedió en la Ruta 3 de Salto), ahora a la altura de Pinamar, en Canelones. Y hemos visto que la solución, no es seguir convocando comisiones.
La ciudadanía vive con temor a ser agredida en su persona o bienes y ante la ausencia del Estado, (por cualquier causa que sea) no tiene más que armarse o actuar en su defensa y es por ello, que actúa y reclama. Reclama, se cumpla con el mínimo deber que es que se le proteja en “el goce de su vida, honor, seguridad, trabajo y propiedad” como manda la Constitución Nacional. Actúa, con el riesgo de su propia integridad y muchas veces en el límite de la “justicia por mano propia”, frente a rapiñeros, arrebatadores y asesinos, a quienes no les tiembla el pulso a la hora de realizar sus desmanes. Y esto no es bueno para el funcionamiento de una república que se precie de ser democrática.
Es que además, los mensajes muchas veces contradictorios que recibe esta ciudadanía agredida, en nada colaboran con la tranquilidad social, ni en suma, con el respeto a las instituciones.
Cuando encumbrados jerarcas reconocen el fracaso en la lucha contra la delincuencia y el aumento del consumo, venta y tráfico de drogas (cuando la experiencia de la marihuana se dijo supondría sacar al narcotráfico del mercado), cuando se advierte una clara incongruencia en fallos judiciales que avalados por fiscales, procesan sin prisión a quienes cometen peculado (robo de los dineros públicos) y abuso de funciones y encarcelan a quien encuentran sustrayendo una bolsa de morrones, o a unos padres les imponen prisión preventiva, por corregir a su hija adolescente de dieciséis años (imputados de un presunto delito de violencia domestica) es a todas luces una afrenta a la razón, que no se comprende.
Se advierte con preocupación además que, socialmente recuperar lo perdido llevará tal vez, generaciones. No será tiempo de comenzar a restaurar aunque más no sea, lo imprescindible?
Dr. Marcelo Gioscia