Monday, 14 October 2019
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La cancillería de Paraguay convocó al embajador de Uruguay en Asunción para protestar por la facilidad otorgada por autoridades de nuestro país a tres militantes de izquierda buscados por un secuestro y que viajaron desde Montevideo el martes a un exilio en Finlandia.

"Paraguay condena el otorgamiento indebido del estatuto de refugiados a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán en Uruguay y las facilidades otorgadas a los mismos para asegurar su huida a Finlandia", expresó un comunicado este miércoles.

Los tres están acusados del secuestro en 2000 de una empresaria, liberada al cabo de 64 días de cautiverio mediante el pago de un millón de dólares de rescate.

El gobierno rechazó "enérgicamente" el tratamiento dispensado por Finlandia y las gestiones que hizo ese país ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para el otorgamiento de documentos especiales para el viaje.

"El uso indebido del estatus de refugiados para proteger a presuntos criminales comunes es digno de absoluto repudio", agregó.

El Ministerio de Exteriores dijo "lamentar la falta de cooperación de las autoridades uruguayas en la persecución del crimen transnacional, más aún tras la reciente sentencia de la Corte Interamericana a través de la cual quedó patente que no son perseguidos políticos".

Los tres ciudadanos paraguayos fueron liberados de su arresto administrativo en Uruguay por decisión de la Justicia, que hizo lugar a su solicitud de refugio y por lo tanto produjo "la denegatoria automática de la solicitud de extradición" cursada por Paraguay, según el fallo judicial al que accedió la AFP.

La protesta paraguaya se extendió a Interpol por haber levantado el "código rojo" sobre los acusados para evitar que sean trastornados en su viaje.

Un caso que tensa relaciones

El 4 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó una demanda contra Paraguay entablada por Arrom y Martí, ex líderes del partido marxista-leninista Patria Libre (ya desaparecido), quienes denunciaron haber sido víctimas -entre el 17 y el 30 de enero de 2002- de torturas físicas y sicológicas de parte de las fuerzas de seguridad para autoinculparse del secuestro. Ellos habían sido identificados por la propia secuestrada.

"Nos duele a todos la impunidad. Mientras yo sea presidente vamos a perseguirlos por donde vayan", dijo este miércoles en rueda de prensa, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez.

Los tres acusados vivían desde 2003 en Brasil bajo protección de Acnur, pero el gobierno del presidente Jair Bolsonaro les canceló el beneficio en junio pasado.

Cuando se tramitaba su extradición huyeron a Montevideo, donde fueron detenidos el 23 de agosto. Los acusados guardaban reclusión de manera provisional en la cárcel de Punta de Rieles, a las afueras de Montevideo, antes de ser liberados para su viaje a Finlandia.

El propio ministro del Interior paraguayo, Juan Villamayor, había encabezado el 26 de agosto una comitiva judicial y policial para gestionar ante las autoridades uruguayas la extradición.

La cancillería convocó al embajador uruguayo Federico Perazza y llamó a consultas a su embajador en Montevideo, Enrique Chase, "en protesta por las decisiones del gobierno uruguayo en el caso".

Además, anunció que presentará una protesta ante el gobierno de Finlandia, otra ante Naciones Unidas y también ante la Unión Europea.

Fuente: AFP | Foto: TWITTER - @MREPARAGUAY

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