Ocho policías fueron condenados en la investigación conocida como caso Caranchos, vinculada a una organización que obtenía datos de personas involucradas en accidentes de tránsito para intervenir en la gestión del cobro de sus seguros.

Cinco de los policías recibieron 16 meses de prisión, dos años de inhabilitación especial y una multa de 50 UR. Otros dos fueron condenados a 14 meses, con las mismas medidas. El octavo recibió dos años por los mismos delitos y por la falsificación o alteración de un documento público.

Un noveno imputado quedó bajo arresto domiciliario hasta marzo de 2027, con monitoreo electrónico y prohibición de contacto con personas vinculadas al expediente.

El caso comenzó a investigarse por hechos que se habrían extendido durante unos cinco años y alcanza a unas 60 personas. Entre ellas hay policías, abogados y funcionarios de la salud. Antes de estas nuevas condenas, otras diez personas ya habían sido condenadas por la misma maniobra.

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