“Creemos que no estamos ante un proyecto que sea sustentable ni desde lo económico ni lo sanitario”, dijo el Dr. Gonzalo Medina.

Tras frustrarse la instalación del denominado “Mega Basurero” a orillas del arroyo Solís Chico, la Intendencia de Canelones proyecta que el mismo se instale en la zona de Tapia de nuestro Departamento.

Los vecinos de la localidad ya comenzaron a movilizarse y tal como había sucedido anteriormente cuestionan la viabilidad del proyecto.

El Dr. Gonzalo Medina, que lidera la Lista 104 del Sector Mejor País conversó con Actualidad sobre la necesidad de diseñar un sistema de gestión de residuos responsable y que plantee soluciones a largo plazo.

Explicó que “Canelones genera entre 600 y 1.000 toneladas diarias de residuos. Esta realidad conjuntamente con el colapso del vertedero de Cañada Grande, hace ver la necesidad que tienen las autoridades de proyectar una solución a largo plazo y que contemple la evolución cuantitativa y cualitativa de los residuos que se vierten. También debiera tomarse en cuenta que Canelones es el departamento con mayor crecimiento poblacional y la generación de residuos es proporcional a la cantidad de habitantes. Por eso creo que el Departamento se encuentra en un momento donde si bien tiene que tomar una decisión ya sobre el tema de como va a gestionar los residuos, tiene que hacerlo de forma tal que todos estos temas estén sobre la mesa y que en poco tiempo no estemos en el punto cero”.

Respecto a cuáles son las principales preocupaciones que le genera el proyecto actual que tiene la Intendencia, expresó: “Lo primero que tienen que nos preguntamos es por qué Canelones tiene que hacerse cargo de la basura de Montevideo y zona metropolitana. No podemos permitir que nuestro departamento se convierta en el vertedero de otros departamentos. Los canarios y la mayoría de la gente que se radicó en nuestro Departamento lo hizo buscando una vida más saludable y escapar de la polución de Montevideo. No nos parece lógico convertir una zona rica en naturaleza en un vertedero metropolitano.

Otra gran preocupación es que la licitación inicial era para una planta de Disposición Final que incluía clasificación, tratamiento de lixiviados y residuos orgánicos, y generación de energía a través de la captación de biogás. Ahora se han bajado tanto las exigencias que lo que se va a hacer es solamente un relleno sanitario. Vamos a pagar 22 dólares la tonelada de basura que se entierra tal como viene, sin clasificación alguna. Los residuos que van a llegar son tanto los domiciliarios, como los industriales no tóxicos, los vegetativos, los neumáticos y los producidos por las obras civiles. Todo va a tener el mismo tratamiento, se van a enterrar juntos”, dijo.

“Otra preocupación es que un proyecto de tal magnitud genera un gran impacto en lo logístico, ambiental y económico del departamento. A nivel mundial estos proyectos son precedidos de estudios de impacto ambiental, geológicos, hidrológicos y de viabilidad económica y jurídica. Lamentablemente continúan sin hacerse esos estudios previos.

Por ejemplo, se procedió a llamar a licitación sin oir a los organismos que podrían tener competencia en la materia, tal como aconteció con OSE y DINAMA. Se pensó instalar la planta en un predio donde había proyectada una reserva de agua potable para abastecer a la costa del departamento y OSE tomó conocimiento cuando los vecinos se movilizaron. Ahora se proyecta instalar en un predio mucho más pequeño que el original y se pretende enterrar la misma cantidad de basura. Además, no se tuvo en cuenta que ese terreno es inundable, pasan 3 cursos de agua que terminan en el Solís Chico. Es decir, se corrió 11 kilómetros la ubicación para obtener el mismo resultado”, señaló.

“Creemos que no estamos ante un proyecto que sea sustentable ni desde lo económico ni lo sanitario.

La viabilidad económica es importante pero no tiene que ser el único factor al establecer políticas públicas.

Esta licitación concede la gestión de la basura por el plazo de 22 años. No parece adecuado que cuando a nivel mundial los vertederos están prohibidos, y la basura es un insumo para muchas empresas, paguemos U$S 180.000.000 solo por enterrar basura. A eso hay que agregarle el gasto de recolección y traslado de basura por todo el departamento ya que ese costo lo absorbe la Intendencia. Hay que tener en cuenta que con esto no se soluciona la situación de Cañada grande que va a seguir tal como está.

Creemos que tenemos que pensar en otra forma de abordar el tema y preguntarnos cómo es posible que otros países de similar porte que Uruguay reciclen el 90% de sus residuos y nosotros no llegamos al 5%. Hace años venimos trabajando el tema y hemos consultado con profesionales de la región y se nos ha dicho que a partir de las 100 toneladas diarias es rentable para las empresas un esquema de negocios autosustentable y con tecnología de punta”, concluyó.