Río de Janeiro, Brasil | AFP | por Jorge Svartzman

Una operación de 3.200 militares y un número indeterminado de policías en la violenta zona oeste de Rio de Janeiro permitió el viernes detener al presunto asesino de un sargento y decomisar "una gran cantidad de drogas".

La acción en las favelas de Vila Kennedy, Vila Aliança y Coreia se llevó a cabo exactamente una semana después de que el presidente Michel Temer decretara la intervención del área de seguridad de Rio, confiando a los militares la lucha contra el crimen organizado.

Pero a pesar de la fuerte implicación en primera línea de los militares, se trata aún de un despliegue realizado en el marco del operativo de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que desde julio del año pasado envió a 8.500 militares a Rio para apoyar a las fuerzas policiales.

Así y todo, surgió una nueva polémica en torno a la intervención, después que la Defensoría Pública de Rio denunciara que los militares estaban fotografiando a habitantes de las favelas para comprobar si tenían antecedentes.

La Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de Vila Kennedy informó que por la tarde fue capturado un sospechoso de la muerte del sargento del Ejército Bruno Albuquerque Cazuca, abatido el martes pasado, aparentemente al resistir a un asalto.

La Secretaría de Seguridad de Rio (Seseg) indicó por su parte que a lo largo del día fueron detenidas otras 27 personas y que se había decomisado "dos pistolas, cargadores de armas, municiones, doce vehículos, trece motos, ocho radiotransmisores y gran cantidad de drogas".

En una calle adyacente a Vila Aliança, sobre la mesa de un puesto de la Policía Militar (PM, que depende de la autoridad de cada Estado) varios agentes efectuaban por la mañana el recuento del material decomisado. Se veían allí cargadores, barras de marihuana prensada, bolsitas de cocaína, bolsas con otras drogas y dos barras de dinamita, comprobó un periodista de la AFP.

La presencia de soldados en tareas que no son solo de apoyo a la policía parece marcar ya un cambio de modus operandi.

En una entrevista con Radio Bandeirantes, un periodista le preguntó a Temer: "Hoy hubo una ocupación de comunidades de Rio de Janeiro por el ejército (...). ¿Entonces está probado que no se trata solo de logística?". A lo que el mandatario respondió: "No es una ocupación. Se van a hacer inspecciones".

Nueva polémica

La intervención militar fue recibida por la población con la esperanza de poner fin a la espiral de violencia que asuela al estado de Rio desde el fin de los Juegos Olímpicos de 2016, pero reaviva el espectro de la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985.

El ministro de Defensa, Raul Jungmann, afirmó que los militares podrían proceder, en la búsqueda de criminales, a allanamientos por zona, pero tuvo que moderar sus propósitos tras las críticas procedentes de medios judiciales y de defensores de los derechos humanos.

Una nueva polémica se produjo este viernes, por el "fichaje" de pobladores.

"La ley establece que ningún ciudadano sea sometido a identificación criminal si tuviese la debida documentación civil. Se trata, por lo tanto, de una grave violación del derecho a la intimidad y de la libertad de desplazamiento", apuntó la Defensoría Pública de Rio en un comunicado.

Temer: "No voy a ser candidato"

Temer aseguró que su decisión de intervenir Rio carece de intenciones electorales, a menos de ocho meses de los comicios presidenciales y legislativos. "No voy a ser candidato", reiteró.

Sus adversarios le acusan de haber desviado hacia temas de seguridad el foco de la atención pública, ante la imposibilidad de hacer votar la reforma del sistema de las jubilaciones, que hasta la semana pasada era la principal bandera de su gobierno.

El dispositivo se completará con la creación, la semana próxima, de un Ministerio Extraordinario de Seguridad Pública.

Según una encuesta encargada por la Presidencia, la intervención de Rio tuvo más de un 83% de aprobación en la población carioca, un porcentaje que contrasta con el exiguo 5% de popularidad del mandatario, que enfrenta varias investigaciones por corrupción.

La intervención "es bienvenida, pero no sirve de nada si no viene con medidas sociales: empleo, salud, educación, transporte, dignidad para el pueblo", dijo a la AFP Jean-Philippe, un habitante de Vila Kennedy que trabaja como portero.

Varios pobladores interrogados por la AFP consideraron que la intervención militar podría servir de freno a la corrupción policial. "Los policías hacen muchos negocios" en las favelas, comentó un inspector de autobuses de la zona, que prefirió mantener el anonimato.

En junio pasado, un centenar de PM fueron denunciados por cobrar coimas e incluso por vender armas a narcotraficantes.

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