Sao Paulo, Brasil | AFP | por Rosa Sulleiro

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril purga una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, sufrió un nuevo revés judicial este miércoles al ser condenado a 12 años y 11 meses de prisión por cargos similares en otra causa.

Una jueza de primera instancia de Curitiba (sur) estimó que el exmandatario de izquierda (2003-2010), de 73 años, se había beneficiado de reformas en una hacienda en Atibaia -en el interior de Sao Paulo- ofrecidas principalmente por las constructoras Odebrecht y OAS, a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras.

La magistrada Gabriela Hardt determinó en su sentencia que "la culpabilidad [de Lula] es elevada", pues "recibió ventajas indebidas en función de su cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar".

La condena se dio en el marco de la Operación Lava Jato (lavadero de autos), que desde 2014 inculpó o enjuició a decenas de empresarios y políticos de primer plano, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera estatal.

Lula enfrenta varias causas penales más, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración político-judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT), del cual fue cofundador en 1980, vuelva al poder.

En esta línea se manifestaron sus abogados, que anunciaron que recurrirán la sentencia en segunda instancia, al considerar que "atenta contra los más básicos parámetros jurídicos y refuerza el uso perverso de las leyes (...) para fines de persecución política".

La primera condena de Lula en la Lava Jato tuvo que ver con el beneficio de un apartamento tríplex en Guarujá (litoral de Sao Paulo), ofrecido por la constructora OAS, igualmente para obtener contratos en Petrobras.

Las penas de cárcel en Brasil son acumulables, pero el periodo de reclusión no puede exceder los 30 años.

"Responsable"

La noticia de esta segunda condena -acompañada de una foto del exmandatario- fue tuiteada de inmediato por el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien durante la campaña prometió que, de ser electo, el exlíder sindical iba a "pudrirse en prisión".

La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, denunció de su lado que "la persecución contra Lula no para".

Para la magistrada Hardt -sustituta del juez anticorrupción Sergio Moro, ahora ministro de Justicia de Bolsonaro- la implicación de Lula en el gigantesco engranaje delictivo era clara, como explica en su decisión de 287 páginas.

"El expresidente: era el responsable por la designación y permanencia de los directores de Petrobras que fueron fundamentales para la sistematización del esquema criminal; tenía conciencia de que había un pago sistemático de sobornos destinados al partido del que forma parte; tenía plena conciencia de que parte de esos valores fueron usados en su beneficio personal", afirma en uno de los pasajes.

La jueza no aceptó, por tanto, los argumentos de la defensa de Lula, que había alegado -entre varios puntos- que el exmandatario no era el dueño de la propiedad e ignoraba cualquier reforma o acto ilegal.

Las obras se iniciaron en 2010 y su valor fue estimado por la Fiscalía en alrededor de un millón de reales (568.000 dólares, al cambio promedio de ese año).

También fueron condenados en la causa el expresidente de OAS Leo Pinheiro, el exdirector ejecutivo de Odebrecht Marcelo Odebrecht -en prisión domiciliar tras haber pasado más de dos años en la cárcel, y que no cumplirá esta nueva pena por su acuerdo con la Justicia-, o el patriarca Emilio Odebrecht, condenado por primera vez en la Lava Jato y que también colabora con las autoridades.

Sin salida

La primera sentencia de cárcel para Lula llegó en julio de 2017, cuando Moro le condenó a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero.

En enero del año siguiente, un tribunal de segunda instancia elevó la pena a doce años y un mes, que comenzó a cumplir el pasado abril.

Desde entonces, el expresidente solo abandonó el edificio de la Policía Federal de Curitiba, donde ocupa una celda de 15 metros, a mediados de noviembre para responder al interrogatorio de la magistrada Hardt por el caso en el que ahora ha sido condenado.

Estuvo a punto de salir el pasado miércoles, cuando un magistrado le autorizó a viajar a Sao Paulo para despedirse de su hermano Vavá, fallecido la víspera. Pero, tras horas de tensión judicial, la decisión llegó cuando el entierro ya se había celebrado y Lula decidió no abandonar la cárcel.

"No dejaron que me despidiese de Vavá por pura maldad", escribió después en una nota transmitida por el Partido de los Trabajadores.

"No puedo hacer nada porque no me dejaron ir. Lo que puedo hacer es quedarme aquí y llorar", añadió.