Washington, Estados Unidos | AFP |

Alabama se está preparando para hacer obligatoria la castración química antes de la liberación temprana de personas condenadas por pedofilia, una controvertida medida que ya está vigente en otros estados de Estados Unidos.

El parlamento de Alabama, en el sur del país, aprobó una ley que exige que todos los presos mayores de 21 años condenados por agresión sexual a menores de 13 años tomen medicamentos que disminuyan sus niveles de testosterona, antes de salir en libertad.

Este tratamiento, que afecta la libido, tendrá que continuar hasta que un tribunal determine que "ya no es necesario". Si el convicto interrumpe la medicación por su cuenta, será enviado de vuelta a prisión.

A menos que se indique lo contrario, los detenidos deben pagar por el tratamiento, según el texto que debe ser promulgado por la gobernadora republicana del Estado, Kay Ivey.

Su promotor, Stephen Hurst, explicó que buscaba "un castigo que corresponda a la gravedad del crimen". "Esto debería servir como un elemento disuasivo", dijo en la radio local, WIAT.

California introdujo una medida similar en 1996, que fue seguida por otros estados como Florida, Georgia, Iowa, Luisiana. Algunos estados como Texas, también ofrecen a los reclusos someterse a una castración quirúrgica, es decir una extirpación de los testículos.

El procedimiento, sin embargo, es objeto de controversia científica. Algunos cuestionan su efectividad, señalando que los actos de pedofilia no se llevan a cabo solo por un impulso sexual, sino que por un contexto psicológico global.

Otros señalan que la castración química, a pesar de que supuestamente es reversible, tiene efectos secundarios considerables, especialmente en la apariencia.

Otros han criticado la medida desde una perspectiva legal. Algunos defensores de los derechos humanos aseguran que viola la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los "castigos crueles e inusuales".

Estados Unidos también ha implementado registros estatales y federales, en donde se enumera a todas las personas condenadas por agresión sexual a menores.