Santiago de Chile, Chile | AFP | por Giovanna Fleitas
Saqueos, incendios y enfrentamientos constantes a lo largo de Chile con una policía cuestionada y agotada, elevan la tensión y debilitan al gobierno de Sebastián Piñera seis semanas después del estallido social.
Las protestas y los disturbios no dieron tregua este miércoles 41 días después del comienzo de la peor crisis que han visto los chilenos en 30 años y que ha dejado 23 muertos. En la jornada, decenas de manifestantes y encapuchados irrumpieron en el centro comercial Parque Arauco, del exclusivo barrio de Las Condes -en el oeste de Santiago- provocando desmanes y causando el terror de los visitantes que se encontraban en el lugar, según imágenes difundidas por medios locales extraídas de las redes sociales.
Encapuchados se enfrentaron a guardias y clientes y otros manifestantes intentaron ingresar a algunas tiendas que lograron cerrar sus cortinas métalicas para evitar nuevos saqueos e incendios al comercio local, como los que se han multiplicado en todo el país, junto a ataques al metro capitalino, autobuses, comisarías y medios de prensa, que han puesto a la Policía en jaque.
"En muchos lugares el orden público fue sobrepasado", afirmó Piñera en una declaración en la casa de gobierno.
"La violencia está causando un daño que puede ser irreparable", agregó el mandatario, quien anunció que 2.500 nuevos policías se integrarán a las labores de control el lunes.
Asimismo, la violencia ha dejado en una complicada situación a empresas como la minorista estadounidense Walmart, que anunció la destrucción de 18 de sus supermercados en Chile y el cierre de otros 97, mientras que unos 5.000 puestos de trabajo "están en riesgo", según sostuvo en un comunicado.
Al inicio de la jornada, el movimiento "No+Tag" -que rechaza el alto costo de los peajes- volvió a copar las principales rutas de acceso de Santiago. Mientras, el gremio de camioneros advirtió que si los poderes del Estado "no son capaces de garantizar derechos básicos, como es la libre circulación (...) la democracia deja de existir en los hechos".
Los camioneros tomaron relevancia en el quiebre democrático en 1973 al propiciar una huelga que complicó al gobierno del socialista Salvador Allende, derrocado ese mismo año por Augusto Pinochet.
"Soluciones excepcionales"
Ninguna medida social anunciada por el gobierno -como un incremento de las pensiones básicas de un 50% para todos los beneficiados en dos años- ni el histórico acuerdo político para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet (1973-1990), han logrado bajar los niveles de tensión en el país, donde se reportan también miles de heridos.
Ante esto, el Senado chileno anunció la noche del miércoles un acuerdo por la paz, los derechos humanos y el orden público para encaminar al país a un proceso de reunificación social, e instó al gobierno a implementar una agenda de profundos cambios estructurales.
"Chile es hoy un país profundamente dividido, fracturado por la conmoción interna. Son momentos únicos en nuestra historia que, por lo mismo, requieren de soluciones excepcionales", declaró Jaime Quintana, presidente del Senado.
Policía cuestionada y agotada
Con la misión de mantener el orden público, la Policía chilena -Carabineros- navega entre las críticas de organismos internacionales que alertan sobre "graves" violaciones a los derechos humanos, y el agotamiento causado por más de cuarenta días de extenuantes jornadas en las calles.
"Los hechos de violencia que está viviendo Carabineros, los enfrentamientos con esta turba de gente muy violenta no lo habíamos vivido nunca, entonces es complejo poder actuar, sumado al cansancio y el agotamiento", que tienen los efectivos, dijo su vocero Julio Santelices en entrevista con la AFP.
En cuatro de las 23 muertes se acusa la intervención de militares -que custodiaron las calles nueve días al inicio de la crisis-, mientras que otra fue provocada por un miembro de Carabineros.
Entre los heridos, sobresalen casi 300 personas con lesiones oculares causadas con perdigones, dos de ellos con ceguera total. La última es una mujer que sufrió el impacto de una bomba lacrimógena de la Policía en el rostro durante un disturbio en un barrio del sur de Santiago la noche del martes.
En tanto, un fotógrafo de 62 años, veterano de coberturas durante la dictadura de Pinochet sufrió una golpiza también esta semana cuando documentaba una protesta feminista para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Piñera anunció el domingo que Carabineros recibiría asesoramiento de sus pares de Francia y otros países europeos, pero la policía gala anunció en París que "en este momento no estamos cooperando con las autoridades chilenas".
Una reestructura policial "requiere un acuerdo político transversal que permita los cambios profundos de corto y largo plazo", dijo a la AFP Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago.