La Paz, Bolivia | AFP | por José Arturo Cárdenas

La fiscalía boliviana ordenó este miércoles el arresto del expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, en una investigación por supuestos delitos de sedición y terrorismo. El exmandatario respondió que no le asusta esa decisión "injusta e inconstitucional".

La determinación, firmada por los fiscales de La Paz Jhimmy Almanza y Richard Villaca, ordena a fiscales, policías y funcionarios públicos que "aprehenda y conduzca al señor Juan Evo Morales Ayma, ante las oficinas de la fiscalía".

La fiscalía abrió la investigación por los delitos de "sedición y terrorismo" tras una denuncia presentada por el actual ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, el 22 de noviembre.

El proceso contra el exgobernante izquierdista, quien dimitió el 10 de noviembre, se sustenta en un audio revelado por Murillo en el que supuestamente se escucha la voz de Morales dando instrucciones a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades.

Tras la dimisión de Morales, quien estuvo por casi 14 años en el poder, varias ciudades bolivianas, principalmente La Paz y su vecina El Alto, sufrieron escasez de alimentos y combustibles, lo que obligó al gobierno interino a habilitar puentes aéreos para abastecerlas.

"Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad", se escucha decir a la voz que, según Murillo, pertenece a Morales, en el diálogo telefónico con Yucra. En ese momento -según la denuncia- el exjefe de Estado estaba en México, la primera parada en su exilio.

El coronel Fernando Guarachi, jefe de de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la policía, dijo al canal privado de televisión ATB que se tomarán todas las medidas pertinentes para la aprehensión, dado que Morales está en suelo argentino desde el pasado jueves.

"No me asusta"

Morales, de 60 años, respondió afirmando que no teme a la orden de la fiscalía, después de asegurar varias veces que el mencionado audio es un montaje del gobierno interino derechista de Jeanine Áñez para dañarlo políticamente.

"A 14 años de nuestra revolución, el 'mejor regalo' que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana", tuiteó el exmandatario indígena.

Anteriormente había señalado que la justicia ordinaria boliviana no tiene competencia para juzgarlo, pues según él solo puede darse en su contra un juicio de responsabilidades en el Congreso.

"Yo soy expresidente. A mí no pueden procesarme. Si quieren procesarme, tienen que hacer juicio de responsabilidades", señaló en la capital argentina.

A las pocas horas, el fiscal general Juan Lanchipa, dijo en la ciudad de Sucre, sureste de Bolivia, que Morales no goza de juicio de privilegio, porque las acciones por las que es acusado se sucedieron después de que él dimitió.

"El juicio de responsabilidades o juicio de privilegio se activa contra las acciones que llevan adelante el Presidente o Vicepresidente en el ejercicio de sus funciones. Las acciones en investigación han sido posteriores al 10 de noviembre, cuando ha dejado la función presidencial", explicó el fiscal al diario La Razón.

Morales también adelantó su intención de volver a su país para dirigir la campaña electoral de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para los próximos comicios generales, aún sin fecha.

El MAS aún no tiene candidatos, mientras en la oposición se perfilan el expresidente centrista Carlos Mesa y el líder civil regional Luis Fernando Camacho, ambos piezas clave para la renuncia de Morales.

OEA rechaza violencia

En paralelo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó este miércoles en una sesión en Washington la violencia racial en Bolivia, e instó al gobierno de Áñez a respetar los derechos de los pueblos indígenas.

La resolución llama a las autoridades de Bolivia a respetar y cumplir "eficazmente" todas las obligaciones derivadas del derecho internacional sobre los pueblos indígenas.

El texto fue aprobado por 18 votos: los 13 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) que lo propusieron, más Argentina, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Se opusieron Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Venezuela (representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó).

De los 34 miembros activos de la OEA, 11 se abstuvieron (Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana). Haití estuvo ausente.