Quito, Ecuador | AFP |

Tres personas, entre ellos una prefecta (gobernadora) y un exasambleísta, que estaban detenidos acusados de rebelión en la crisis social de octubre en Ecuador, fueron liberados este miércoles al cambiarles la figura legal del proceso en su contra.

Una jueza ordenó la liberación de los imputados al cambiar la orden de prisión preventiva por 71 días por medidas sustitutivas, como portar grillete electrónico de ubicación y la presentación ante la autoridad cada lunes.

En octubre pasado el presidente Lenín Moreno debió dar marcha atrás en la supresión de subsidios a los combustibles en el marco de medidas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante fuertes protestas que durante doce días que dejaron diez muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La prefecta de la provincia andina de Pichincha (capital Quito), la correísta Paola Pabón, fue detenida junto a Christian González, uno de sus asesores, el lunes 14 de octubre acusados de rebelión.

En el juicio se incluyó al exasambleísta correísta, Virgilio Hernández quien estuvo prófugo y se entregó el pasado 5 de noviembre.

Los tres acusados habían sido objeto de una investigación por "financiamiento a movimientos o grupos armados", e imputados de los cargos de rebelión, que conllevan una pena de cinco a siete años de cárcel.

Pero el martes, la Fiscalía reformuló los cargos por "presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al gobierno a través de actos violentos" durante las protestas que se registraron entre el 2 y el 13 de octubre, por lo cual la defensa solicitó suspender la prisión preventiva.

Durante el estallido social, Moreno acusó al gobernante venezolano Nicolás Maduro y a su sucesor y exaliado Rafael Correa (2007-2017) de activar un plan desestabilizador contra su gobierno. Ambos líderes de izquierda niegan esos señalamientos.

Varios partidarios de Correa, quien vive en Bélgica, se han visto salpicados por la denuncia de Moreno sobre conspiración, por lo que seis de sus aliados políticos, incluidos cuatro asambleístas, entre ellos la expresidenta del Congreso Gabriela Rivadeneira, están refugiados en la embajada de México en Quito, que les brinda "protección y resguardo", según el gobierno de esa nación.

Tras empezar las protestas, Rivadeneira planteó al Parlamento la convocatoria de una sesión extraordinaria para resolver la "destitución del presidente Moreno" y el "adelanto de elecciones", lo que era compartido por Correa.

La Asamblea nunca trató el tema y la crisis terminó el domingo 13 de octubre con un acuerdo entre el gobierno y los indígenas, que lideraron las protestas, bajo el cual se derogó el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles.

En noviembre, el Congreso rechazó una segunda propuesta fiscal del Ejecutivo, pero un nuevo plan fue aprobado a principios de diciembre.

La reforma fiscal de Moreno aprobada busca recaudar 600 millones de dólares para acortar el déficit, estimado en 3.600 millones de dólares (3,3% del PIB) para 2019 y similar para 2020.