Una jueza argentina declaró en rebeldía y ordenó este miércoles la captura internacional de Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), luego de que afirmara que se encuentra en Uruguay y no volvería al país para ser indagado, informaron fuentes judiciales.

La jueza federal María Servini había citado a Rodríguez Simón a indagatoria para el 17 de junio, acusado de "extorsión y asociación ilícita" en un expediente que investiga presuntas presiones sobre el grupo empresario Indalo, cuyos directivos fueron encarcelados durante la administración Macri.

Servini dispuso además la inhibición general de bienes y el congelamiento de todos los activos bancarios del exfuncionario, actual diputado argentino del Parlasur (Parlamento del Mercosur) por la alianza Juntos por el Cambio (derecha).

'Pepín' Rodríguez pidió asilo político a Uruguay, luego de haber revelado que se encuentra en ese país desde el 8 de diciembre y que no volverá a Argentina por temor a ser detenido. Pretendía ser indagado de manera virtual desde el país vecino, lo que la jueza no admitió.

"Es absolutamente improcedente y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación", consideró la magistrada en su resolución.

Servini había prohibido a Rodríguez Simón salir del país pero éste ya se encontraba en Uruguay y no regresó. La jueza consideró que el imputado "recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021".

Rodríguez Simón, quien fue director de la petrolera estatal YPF, es señalado como un importante "operador judicial" del gobierno de Macri, por sus vínculos con jueces e integrantes de la Corte Suprema, revelados por el análisis de su teléfono por orden judicial.

Está acusado, junto a otros exfuncionarios, de presionar a los directivos del Grupo Indalo, con el propósito de quitarles sus empresas, que incluían medios de comunicacion, petroleras y constructoras entre otros rubros.

Se lo acusa de presionar bajo amenaza de ahogo financiero a vender el canal de noticias C5N, cuya línea editorial era crítica del macrismo.

Además la causa investiga la quita de una concesión vial de una autopista bonaerense a otra empresa del grupo y la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos de prohibir a la petrolera Oil Combustibles -también del grupo- acogerse a un plan de moratoria fiscal vigente para pagar una deuda impositiva.

El impedimento a saldar la deuda convirtió a los directivos Julián de Souza y Cristóbal López en evasores, por lo que estuvieron detenidos por casi dos años y la empresa fue declarada en quiebra, circunstancia que ahora está en revisión judicial.

Buenos Aires, Argentina | AFP |