Diversos organismos internacionales y entidades públicas han presentado informes que documentan la existencia de presos políticos, desapariciones forzadas y muertes en custodia en Venezuela.

En 2019, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que entre enero de 2018 y mayo de 2019 se produjeron más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales atribuibles a fuerzas de seguridad del Estado, destacando la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). En la actualización de 2020, el mismo organismo informó que al menos 2.000 personas fueron ejecutadas entre enero y agosto de ese año, con un 64 % de los casos bajo responsabilidad directa de la FAES, lo que evidenciaba un patrón de represión sistemática contra la disidencia.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Misión Internacional Independiente establecida por el Consejo de Derechos Humanos han descrito estas prácticas como violaciones graves que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Se documentaron ejecuciones, desapariciones breves y detenciones arbitrarias como parte de una política de Estado. Entre 2018 y 2019, se registraron más de 700 desapariciones forzadas de corta duración, con un promedio de cinco días, empleadas para silenciar a opositores y evitar el escrutinio público. Casos como el de Fernando Albán, concejal fallecido bajo custodia en 2018 en circunstancias contradictorias según la versión oficial, fueron denunciados como responsabilidad directa del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en la liberación de detenidos políticos y ha condenado la persecución judicial contra opositores. Sus pronunciamientos advierten sobre el uso de detenciones arbitrarias, desapariciones y tortura como mecanismos de control político. A finales de 2022, organizaciones con estatus consultivo como Foro Penal registraron 245 personas privadas de libertad por motivos políticos, incluidos menores de edad, y en el primer semestre de 2024 se contabilizaron 46 detenciones adicionales de dirigentes opositores.

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre derechos humanos de 2024, confirmó la persistencia de asesinatos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y tortura, subrayando que el gobierno no proporciona cifras oficiales ni colabora en las investigaciones internacionales. De acuerdo con datos recogidos por organismos multilaterales, en las protestas posteriores a las elecciones de julio de 2024 murieron al menos 24 personas, en su mayoría por impactos de bala, y se registraron más de 2.000 detenciones arbitrarias, entre ellas 129 niños. Aunque muchos de los detenidos fueron liberados, cientos permanecen bajo custodia sin garantías procesales adecuadas.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reclamado la liberación de todos los detenidos de manera arbitraria y ha pedido el cese de la persecución contra defensores de derechos humanos y organizaciones civiles. Sin embargo, en lugar de atender estas demandas, el gobierno ha impulsado normas que restringen la labor de las ONG y sancionan a quienes reciben cooperación internacional. Estas medidas han sido interpretadas como un intento de blindar la represión y reducir la capacidad de denuncia en el ámbito nacional.

Los informes de Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Interamericana y organismos estatales como el Departamento de Estado coinciden en que las muertes, desapariciones y encarcelamientos en Venezuela forman parte de un patrón persistente de violaciones de derechos humanos. La documentación acumulada ante organismos multilaterales ha llevado a que se consideren estas prácticas como parte de una política deliberada de represión, lo que mantiene la atención internacional centrada en la situación venezolana y en la exigencia de rendición de cuentas por las violaciones cometidas.