El Presidente de la República, dispuso en el día de hoy el cese del Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Guido Manini Ríos, quien al elevar el contenido de fallos del Tribunal Especial de Honor en referencia a militares sometidos a los mismos, efectuó graves cuestionamientos al Poder Judicial.

Ríos expresó que “La Justicia Uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de Derecho para el enemigo.”

También sostuvo que “el militar que es citado como indagado por la Justicia, muchas veces es considerado culpable aún antes de ser juzgado, no tiene las garantías del debido proceso, y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes, y en muchos casos fraguadas o inventadas.”

Asimismo, manifestó que existe convicción de los integrantes de la Fuerza “de que la Justicia en muchos casos no ha actuado de acuerdo a los principios elementales del Derecho y que no ha habido juicios imparciales cuando los acusados fueron militares.”

Finalmente, argumentó que “muchos de los imputados han sido condenados sin pruebas y sin las garantías del debido proceso”.

El Poder Ejecutivo se ha expedido previamente, en referencia a los fallos emitidos por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores Nº 1, sin compartir los fundamentos, habida cuenta que en un Estado Constitucional de Derecho deben respetarse los fallos judiciales, no sólo por su valor jurídico, sino por su innegable trascendencia social.

En un Estado de Derecho, con un sistema republicano democrático de gobierno en el que hay, por tanto, separación de poderes, el respeto a las decisiones de la Justicia Penal por parte del Poder Ejecutivo y de sus integrantes, debe ser una premisa fundamental.

Consecuentemente, la actitud asumida por el Sr. Comandante en Jefe del Ejército, de cuestionar al Poder Judicial como lo ha hecho, resulta absolutamente incompatible con el cargo en que venía desempeñándose.

Por tanto, al resultar grave la acusación al sistema de Justicia de nuestra República, la determinación fue el cese inmediato en las funciones encomendadas.