Las juezas recibieron notas en sus domicilios particulares, por lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia presentó denuncia el viernes 29 de julio.

Las magistradas amenazadas son integrantes del Tribunal de Apelaciones en lo civil de sexto turno, que fue el que revocó el fallo del juez Alejandro Recarey que suspendía la vacunación anticovid a niños menores de 13 años.

Las juezas amenazadas fueron Marta Gómez Haedo Alonso, Martha Alves De Simas Grimón y Mónica Bórtoli Porro.

La Suprema Corte de Justicia comunicó que su presidente, John Pérez Brignani, fue quien presentó la denuncia policial.

"Los detalles se mantienen en reserva para preservar la investigación que procurará dar con él o los responsables del ilícito", explica la Suprema Corte en un comunicado institucional.

| Fuente: Suprema Corte de Justicia

REVOCACIÓN DEL FALLO JUDICIAL

El tribunal "revocó la sentencia referida a la Vacunación Infantil", dijo en Twitter el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y añadió que "se comunicará a la brevedad la reanudación de la Campaña en niños de 5 a 13 años".

El juez Alejandro Recarey ordenó el 7 de julio la "inmediata suspensión" de la inmunización de esa franja etaria hasta que se conozcan los términos de los contratos de compras de vacunas firmados por Uruguay con el laboratorio Pfizer.

El juez exigió también que se le diera cuenta del contenido de esa vacuna, así como de sus beneficios, riesgos y perjucios ya detectados.

El Ministerio de Salud Pública acató la sentencia pero la apeló inmediatamente y señaló que la vacunación estuvo "basada en la evidencia científica disponible".

En su apelación el Gobierno aportó información sobre las vacunas aplicadas en Uruguay pero no dio detalles de los acuerdos de compra con Pfizer argumentando que contienen cláusulas confidenciales.

Montevideo, Uruguay | AFP |

EL POLÉMICO FALLO DEL JUEZ RECAREY CONTRA LA VACUNACIÓN DE NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS

La resolución Alejandro Recarey había sido anunciada el 7 de julio por el secretario y el prosecretario de Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, respectivamente, en respuesta al dictamen judicial conocido en esa jornada.

El Poder Ejecutivo había acatado la resolución. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, acompañado del subsecretario, Rodrigo Ferrés, informó en dicha oportunidad que, a partir de ese día, las vacunas para esa población dejarían de estar disponibles hasta nuevo aviso. Delgado y Ferrés anunciaron que el gobierno apelaría de inmediato.

En la conferencia de prensa, realizada en la Torre Ejecutiva, Delgado había expresado que el Gobierno respetaba a la Justicia tanto como a la ciencia, y que por ese motivo el Ministerio de Salud Pública suspendía de inmediato la vacunación voluntaria a menores de 13 años, como lo había dictaminado el juez.

Agregó que se apelaría la decisión y que, a su entender, este juez había transferido al ámbito de la Justicia la responsabilidad de una posible afectación de la salud de los menores cuyos padres querían que fueran inoculados.

Informó que estaban habilitados para recibir su segunda dosis 5.800 menores, muchos de ellos con prescripción médica, además de los que se vacunarían con la primera dosis.

"Los fallos se acatan, pero se pueden criticar, y este fallo es un disparate, que indica que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las farmacéuticas privadas. Esto, para el Gobierno, es un argumento inadmisible", enfatizó Delgado en la conferencia.

Y añadió: "Como ciudadano y como padre, que un juez suspenda una vacunación voluntaria contra la indicación de la ciencia preocupa enormemente".

Recordó que ese plan había sido muy estudiado en Uruguay y avalado por la academia, además de ser totalmente voluntario, con un gran porcentaje de adhesión en el país, lo que había posibilitado la situación sanitaria actual.

El jerarca expresó que esperaba que en pocos días, a partir de la apelación que se presentaría, los padres que quisieran vacunar a sus hijos pudieran hacerlo. El fallo del juez, además de poner en riesgo la salud de los menores, está cuestionando el trabajo de la comunidad científica uruguaya, remarcó Delgado.

Por su parte, Ferrés señaló: "Estamos ante una situación compleja desde el punto de vista judicial, y el fallo, desde el punto de vista jurídico, es un disparate".

Explicó que, para solicitar una acción de amparo, se debía estar lesionado en un derecho subjetivo y que, en este caso, se había interpuesto la de una persona por sí y representando intereses difusos. "Eso es una falta de legitimación para actuar", señaló. Además, detalló que para hacerlo hay un plazo de 30 días desde que puede haber peligrado un derecho, y la vacunación a menores había comenzado en el mes de enero de este año.

Asimismo, mencionó que fijar y conducir la política sanitaria son cometidos del Poder Ejecutivo, por lo que se apelaría de inmediato.