Se dispuso su condena "como autor penalmente responsable de un delito continuado de cohecho calificado, a la pena de 20 meses de prisión".

Desde el Ministerio del Interior señalaron que el implicado, A.H.S.M. de 65 años, había quedado a disposición de la Justicia y finalizada la audiencia en el Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º turno recibió dicha condena.

La cumplirá de la siguiente manera: un día de prisión efectiva (el que podrá ser sustituido por prisión domiciliaria a partir de la hora 21 hasta la hora 21 del día siguiente, atento a su edad y patologías médicas que presenta el imputado) y el saldo de 19 meses y 29 días serán sustituidos por el régimen de libertad a prueba con medidas residencia en lugar determinado.

Además, deberá presentarse en seccional policial de su domicilio una vez por semana por el lapso de dos meses.

También deberá brindar servicios comunitarios por el plazo de 4 meses en un régimen de 4 horas semanales.

A su vez se dispuso su inhabilitación especial de dos años y una multa de 400 Unidades Reajustables, con suspensión de derechos políticos y de cargo u oficio público y accesorias legales correspondientes.

El Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (DGLCCO e INTERPOL) había recibido una denuncia por parte de representantes del Banco de Previsión Social (BPS) respecto a un funcionario que se desempeñaba como Jefe de una Agencia del interior del país, ya que éste, presumiblemente, desde 2016 a la fecha de la denuncia, utilizaba su correo electrónico institucional para brindar información sensible, reservada y privilegiada a otras personas referentes de distintas AFAPS, dueños de estudios contables y distintas empresas de todo el país, a quienes también se denunció.

De acuerdo a esto, el indagado recibía solicitudes de información y utilizando los privilegios de acceso a distintas bases de datos que le fueron otorgados para su función en la Institución, proporcionaba la información solicitada a cambio de un pago monetario por cada envío.

A raíz de esto fue que se puso en marcha una investigación, bajo la órbita de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1º Turno, y se realizaron distintas actuaciones. Durante éstas se incautó la computadora que utilizaba el indagado. Luego de analizada se logró establecer y recopilar todos los correos electrónicos intercambiados con las distintas personas, corroborando los hechos denunciados.

Tanto las pruebas recogidas como las diversas indagatorias lograron probar la maniobra denunciada y fueron puestas a disposición de la Fiscalía actuante.