El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que le permite al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) acoger y esterilizar animales de compañía que estén en la vía pública, y mantenerlos en custodia hasta que sean adoptados por propietarios responsables.

La directora general del MGAP, Fernanda Maldonado, aseguró que la medida busca "lograr estándares mínimos de bienestar animal".

Tras una resolución firmada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el 24 de marzo, se determinó el comienzo del Programa Nacional de Albergues, que funcionará en la órbita del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). El objetivo es acoger, principalmente, a aquellos animales de compañía que se encuentren en la vía pública o sean rescatados de situaciones de maltrato, hasta que sean adoptados por alguien responsable o rehabilitados.

En diálogo con Comunicación Presidencial, Maldonado valoró la reglamentación de uno de los que considera pilares de la política pública para el control de la población canina, junto a la campaña de sensibilización sobre castraciones e identificación masiva —que los gobiernos departamentales ejecutan desde hace aproximadamente un año—, y el estímulo a las adopciones.

El INBA actualiza el Registro Nacional de Animales de Compañía, que en 2022 sumó más de 90.000 ingresos de perros y gatos a los que se les colocó un microchip, tras gestión de sus propietarios.

El INBA deberá aprobar la inscripción de los albergues y habilitar su permanencia en el sistema. Los refugios que ya funcionan podrán incorporarse al programa siempre que cumplan los requisitos solicitados. Maldonado señaló que la nueva normativa no significa la desaparición de organizaciones no gubernamentales y protectoras, cuyo trabajo consideró relevante para mantener a los animales en las mejores condiciones.

La jerarca dijo que el INBA está habilitado a lograr acuerdos con instituciones públicas y privadas, y ya ha concretado la firma de convenios con organizaciones que se inscribieron tras un llamado a interesados en 2022. Asimismo, trabaja de forma conjunta con organismos públicos como UTE y OSE.

También destacó que en la última ley de Rendición de Cuentas se aprobó un apoyo de 1.000.000 de pesos, lo que representa "un puntapié inicial muy importante" para un programa que catalogó como "fundamental para el control de la población canina".

"Tenemos una superpoblación canina", dijo Maldonado, y afirmó que eso genera consecuencias económicas, sociales, sanitarias y de seguridad, y que se procuran soluciones de forma interinstitucional y multidisciplinaria. Asimismo, recordó que según el último relevamiento realizado, en Uruguay hay 1.700.000 perros con propietarios responsables y 600.000 gatos en la misma condición.

Sobre la población felina, opinó que se está "a tiempo" de tratar el tema. Informó que en los primeros meses de funcionamiento del programa se realizaron 100.000 castraciones de gatos, y que la cifra de operaciones es aproximadamente 120.000 al año. Al respecto, destacó que se firmaron convenios con el Instituto Nacional de Colonización y la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis a efectos de avanzar en el tema.