A solicitud de la Fiscalía de 12do. Turno, el juez penal Huberto Álvarez formalizó la investigación contra Federico Kreimerman, presidente del sindicato de OSE.

Esta formalización fue fundada en el supuesto atentado perpetrado al colocar una bomba de humo en la sede del ente durante la apertura de sobres de la licitación del proyecto Arazatí.

Poco después de conocerse la imputación a Kreimerman, la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT decidió, de manera unánime, encomendar al Secretariado Ejecutivo de la central obrera la organización de una movilización en respaldo al presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose).

En la audiencia, la fiscal interina de Flagrancia de 12do. Turno, Fabiana Corbo, solicitó al juez la formalización de la investigación contra Kreimerman por un presunto delito de atentado. Según Corbo, durante la protesta llevada a cabo por los funcionarios de OSE, se arrojaron bombas de humo y elementos inflamables hacia el laboratorio de la sede, generando un ambiente de peligro para los presentes. La fiscal destacó que la situación duró más de tres horas y causó temor entre los funcionarios de OSE.

Por su parte, los abogados defensores, Juan Fagúndez y Daniel Piedra, argumentaron que el proceso penal carece de pruebas y certezas, afirmando que no existió un delito de atentado ya que no se produjo una acción violenta contra ningún funcionario de OSE. Además, señalaron que la manifestación llevada a cabo por el sindicato fue en el marco de una actividad gremial lícita y que protestar por decisiones del Directorio es una función del sindicato reconocida por la Constitución de la República.

El juez Álvarez decidió formalizar la investigación contra Kreimerman por un delito de atentado especialmente agravado, estableciendo como medida limitativa la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin aviso al tribunal. La defensa anunció que apelará la resolución.

En respuesta a esta situación, el PIT-CNT convocó a una movilización pacífica en solidaridad con Kreimerman y en contra de la judicialización de las acciones sindicales. La central sindical considera que la Fiscalía está sometiendo a la justicia penal un episodio relacionado con una manifestación que no causó daño material ni humano, tipificado como delito, y que esta es una clara judicialización de la protesta social ejercida por el movimiento sindical.