La Suprema Corte de Justicia (SCJ) tomó la decisión de iniciar una investigación administrativa a la jueza Adriana Chamsarián por su polémica resolución de otorgar prisión domiciliaria sin tobillera a un narcotraficante. La medida ha generado gran preocupación y cuestionamientos sobre la actuación de la magistrada.

La SCJ resolvió sumariar y trasladar a la jueza especializada en Crimen Organizado de 1er Turno.

El narco en cuestión, Miguel Leal, estuvo apenas tres meses y 15 días en prisión, a pesar de que debía cumplir una condena de cuatro años y siete meses. Su liberación se realizó a través de la presentación de certificados médicos falsos, los cuales fueron tenidos en cuenta por la jueza Chamsarián en su decisión.

Sin embargo, fue la propia magistrada quien se percató de la falsedad de los documentos y decidió notificar a la Suprema Corte al respecto. Este hecho ha generado aún más dudas sobre la idoneidad de la jueza y ha puesto en tela de juicio su labor dentro del sistema judicial.

En paralelo a este caso, los jueces de turno han comenzado a recibir historias clínicas de reclusos que solicitan prisión domiciliaria por razones de salud. Esta medida tiene como objetivo evitar la repetición de errores como el que ha ocurrido con Miguel Leal y garantizar una mayor rigurosidad en la evaluación de las peticiones de excarcelación.

El caso de Miguel Leal no es un evento aislado, ya que se han detectado al menos otros tres casos similares de delincuentes que lograron obtener su liberación con documentos falsos. Por este motivo, se encuentra bajo investigación el falsificador Matías Campero, quien habría introducido informes falsos del Instituto Técnico Forense (ITF), cartas apócrifas del comisionado parlamentario para el sistema carcelario Miguel Petit e historias clínicas falsificadas en los expedientes de los reclusos.

Ante esta situación, se han generado nuevas propuestas en el ámbito judicial para reforzar los controles y garantizar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. Entre las medidas propuestas se encuentra la solicitud de historias clínicas antes de otorgar la prisión domiciliaria, con el objetivo de contar con una evaluación médica precisa y verificable.

La actuación de la jueza Adriana Chamsarián ha generado preocupación en el sistema judicial y ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y evaluación en la toma de decisiones sobre excarcelaciones. La Suprema Corte de Justicia tiene la responsabilidad de investigar este caso a fondo y tomar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.