En una maratónica sesión en la Cámara de Representantes, los diputados lograron aprobar una moción que exige la renuncia de la delegación uruguaya en Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande.

Además, se solicitó una auditoría de la gestión, y el cese inmediato de todos los contratos realizados a partir del 23 de abril de 2020, en particular, de aquellos ediles que se desempeñan en la Junta Departamental de Salto.

Estas solicitudes se suman a la reciente renuncia presentada por el expresidente de la comisión, Carlos Albisu, cuya gestión fue criticada en cuanto a la designación del personal y los cambios del estatuto de los funcionarios de la CTM.

El canciller Francisco Bustillo anunció una serie de decisiones que buscan solucionar la problemática en la CTM de Salto Grande. Entre las medidas, se destaca una instrucción para contratar a quienes ingresaron de forma directa a la comisión. También se plantea un nuevo diseño de funcionamiento de las delegaciones ante las comisiones binacionales, que incluiría un régimen similar al de los directores de entes autónomos y servicios descentralizados. Estas propuestas serán presentadas al Poder Legislativo en un proyecto de ley.

El presidente Luis Lacalle Pou destacó que no existe ilegalidad ni corrupción en la CTM de Salto Grande, pero reconoció que hubo un abuso en las designaciones directas de personal. Se buscará corregir esta situación a través de comunicación directa, decretos y un proyecto de ley que se enviará al Parlamento. El presidente indicó que se intentará actuar en consecuencia con las contrataciones realizadas a dirigentes políticos, aunque enfatizó que no hay clientelismo en la contratación del personal de la CTM. Lacalle Pou dijo no comprender el pedido de renuncia de la delegación uruguaya, ya que el presidente de la comisión ya renunció.