Una pareja fue condenada el jueves en Uruguay por facilitar a ciudadanos rusos documentación adulterada que les permitía tramitar pasaportes uruguayos, informaron fuentes judiciales.

En este caso estuvo implicado el exjefe de la custodia del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, quien en febrero de 2023 fue condenado a cuatro años y medio de prisión y a una multa de unos 4.000 dólares tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

El jueves, tras otro acuerdo abreviado, el escribano Álvaro Fernández García y la gestora Patricia Medina Rodríguez fueron sentenciados a 24 y 22 meses de prisión respectivamente por los delitos de suposición de estado civil y asociación para delinquir.

Según el fallo judicial, a ambos se les computará el tiempo que llevan detenidos -11 meses y 14 días en el caso de Fernández, y 10 meses y 23 días en el caso de Medina- y cumplirán el resto de la pena en régimen de libertad a prueba.

Por los mismos delitos y tras otro acuerdo abreviado, fue condenado en abril de 2023 el ciudadano ruso Alexey Slivaev.

Según la Fiscalía, Fernández, Slivaev, Medina y Astesiano actuaban en maniobras para que ciudadanos rusos obtuvieran la nacionalidad uruguaya mediante una filiación inexistente y así pudieran acceder a un pasaporte uruguayo.

La acusación para el proceso abreviado de Fernández y Medina señala que un ciudadano ruso declaró que Slivaev le había recomendado hacer los trámites con Fernández, a quien le pagó 10.000 dólares.

En un intercambio de mensajes de WhatsApp sobre otro cliente, consignado en la acusación, Fernández le dice a Slivaev: "Nos vamos a hacer millonarios!!!!!". Esto fue 13 días antes de la detención de Astesiano, el 25 de septiembre de 2022.

Sobre Astesiano, la fiscalía dice que "no pudo comprobarse acción alguna tendiente a la creación de un estado civil falso, pero sí recibió el dinero" y "mantuvo reuniones donde le fueron solicitadas una serie de gestiones".

Medina, en tanto, era apoderada y realizaba algunos de los trámites, apunta la fiscalía.

La maniobra se venía realizando desde 2015, dijo la fiscalía.

Montevideo, Uruguay | AFP |