El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, expresó su preocupación por las críticas de dirigentes del Partido Nacional (PN) hacia la Fiscalía tras la imputación del exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi.

Afirmó que estos cuestionamientos no favorecen la separación de poderes y rechazó cualquier insinuación de que la Torre Ejecutiva influya en las decisiones judiciales.

Durante una rueda de prensa, Sánchez enfatizó la necesidad de respetar las resoluciones judiciales, independientemente de las afinidades personales. "Cuando actúa la Justicia, actúa la Justicia", sostuvo, y remarcó que, aunque las decisiones puedan ser incómodas para algunos, lo fundamental es no interferir en su trabajo ni ejercer presiones.

Según el jerarca, ciertos referentes del PN han tenido una "salida muy dura" que no contribuye a respaldar el papel de la Justicia. En este sentido, reafirmó que "el poder político no se puede meter o interceder para que no investiguen a uno de ellos", subrayando la importancia de la independencia institucional.

Asimismo, rechazó tajantemente las acusaciones de que el Poder Ejecutivo manipula decisiones judiciales. Consideró tales planteos como una "falta de respeto" y señaló que desde su administración se descartan por completo esas sospechas.

Desde su perspectiva, algunos dirigentes nacionalistas deberían hacer una autocrítica, ya que con sus declaraciones "no están contribuyendo en nada a fortalecer la democracia" ni a preservar la separación de poderes. Si hay denuncias concretas, exhortó a que sean presentadas ante la Justicia en lugar de generar dudas infundadas.

En cuanto al caso de Charles Carrera, quien renunció a su banca tras el pedido de desafuero, Sánchez recordó que el Frente Amplio asumió una postura clara al respecto. Subrayó que, aunque se pueda discrepar con la Fiscalía, es imprescindible respetar su labor. Destacó que, en plena campaña electoral, Carrera dejó su cargo y su lista, lo que consideró una decisión significativa.

Finalmente, reiteró que algunos actores de la oposición deben reflexionar y evitar alimentar suspicacias. También apuntó a quienes cuestionan que el uso arbitrario de recursos públicos sea un delito, sugiriendo que, si no están de acuerdo, propongan formalmente su eliminación del Código Penal en lugar de deslegitimar las investigaciones.