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El reciente fallecimiento de una funcionaria policial de 28 años junto a su bebé de dos meses, tras arrojarse desde un edificio en Pocitos, volvió a poner en primer plano las carencias en la atención a la salud mental dentro de la fuerza.

La mujer, que estaba certificada desde 2021 y había denunciado a exparejas por situaciones de violencia, atravesaba un entorno familiar y económico crítico.

Sus dos hijas mayores, de 12 y 3 años, sobrevivieron gracias a la intervención de la mayor, que logró impedir que también fueran arrastradas en el intento. Ambas quedaron bajo cuidado de familiares, con apoyo del Hospital Policial y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Desde el Sindicato Policial Nacional se manifestó pesar por la pérdida y se subrayó que "este hecho evidencia las graves falencias en los protocolos de salud mental policial". La organización gremial advirtió que no basta con certificaciones médicas si no existe acompañamiento efectivo y que es urgente "fortalecer de forma urgente los mecanismos de prevención, seguimiento y contención, con recursos reales y personal especializado".

El testimonio de allegados describe años de gran dificultad para la agente: reducción salarial por su licencia médica, denuncias por abuso contra el padre de sus primeras hijas —expolicía hoy condenado hasta 2030— y una posterior relación con otro hombre también violento, padre de la bebé fallecida. Convivía además con su madre y hermana en condiciones de extrema precariedad. Fuentes consultadas señalaron que "estaban durmiendo en colchones en el piso, en condiciones muy precarias".

En redes sociales, el exportavoz del SUPU Miguel Barrios relató que quienes la conocieron sabían de su lucha diaria contra adversidades extremas y lamentó que no pudiera superar el peso de esa situación. A su vez, la presidenta del sindicato policial, Patricia Noy, remarcó que la "salud mental es una problemática real y debe ser tomada con la seriedad y urgencia que amerita" y advirtió: "Basta de mirar para el costado".

El caso no solo visibilizó una tragedia personal, sino que reabrió un debate que sindicatos y especialistas vienen planteando desde hace tiempo: la necesidad de garantizar apoyo psicológico sostenido a quienes están al frente de la seguridad pública.