Por el Dr. Miguel Ángel Gallegos
La muerte ocurrida durante una detención en una comisaría de El Pinar, bajo circunstancias que todavía reclaman un esclarecimiento completo, volvió a poner sobre la mesa una discusión que no es nueva, pero sí persistentemente postergada: la necesidad de instalar cámaras y sistemas de audio en seccionales, calabozos, salas de interrogatorio, allanamientos y operativos policiales.

No se trata de una ocurrencia nacida al calor de un caso conmocionante sino de una advertencia reiterada desde hace años por el firmante y, sin embargo, desatendida una y otra vez.

La cuestión es simple. El Estado ha invertido en vigilar calles, esquinas y espacios públicos, pero sigue dejando en penumbra los lugares donde ejerce su poder más intenso sobre el ciudadano: el momento de la detención, la custodia inicial, el interrogatorio, la celda, el ingreso a un domicilio.

Es allí, precisamente, donde una persona queda más expuesta, donde las garantías deberían ser más firmes y donde la falta de registro convierte cualquier denuncia en una batalla desigual entre la palabra del detenido y la versión oficial.

No hace falta adoptar una visión hostil hacia la Policía para advertirlo. Las cámaras no son un castigo para el funcionario; son una protección para todos. Protegen al detenido frente al abuso, la coacción o el maltrato, pero también protegen al buen policía frente a denuncias falsas, acusaciones infundadas o sospechas que luego resultan imposibles de despejar.

Una grabación objetiva no degrada la función policial: la fortalece. La vuelve verificable, auditable y, por eso mismo, más legítima. La ausencia de registro audiovisual tiene consecuencias demasiado conocidas.

Dificulta probar apremios ilegales, vuelve borroso el origen de lesiones, debilita la investigación judicial, favorece la impunidad y, en ocasiones, contamina incluso la validez de confesiones o declaraciones obtenidas en condiciones dudosas.

Cuando alguien entra vivo a una dependencia policial y luego muere, o cuando una defensa denuncia exceso de fuerza y no hay una sola imagen que permita reconstruir qué ocurrió, no sólo fracasa la prueba: fracasa la confianza pública.

Lo más grave es que esta propuesta ya fue planteada antes. Según el texto que presenté ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2017 la iniciativa fue elevada a la Presidencia y al Ministerio del Interior en Uruguay y recibió incluso una respuesta auspiciosa de la Dirección de la Policía Nacional. Pero no se hizo nada. Es decir: no faltó advertencia, no faltó diagnóstico, y tampoco faltó una recepción inicial favorable. Lo que faltó fue decisión.

A esta altura, seguir sin cámaras en las seccionales ya no puede explicarse como una demora administrativa inocente. Si el Estado filma al ciudadano en la calle para prevenir el delito, con mayor razón debe filmarse a sí mismo cuando detiene, encierra, interroga o allana. Esa no es una concesión a la desconfianza: es una exigencia mínima del Estado de Derecho. Y es, también, una garantía doble, acaso la más razonable de todas: para los detenidos, porque resguarda su integridad; para los policías, porque protege su actuación cuando es correcta. Juzgo que el problema no es que haya cámaras; el problema es que siguen faltando donde más importan.

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