Diputado Amín Niffouri: "La Ley 19.307 es restrictiva de libertades e intervencionista".

La Ley 19.307 tiene, fundamentalmente, cuatro capítulos: el primero refiere a la regulación de las frecuencias, o sea al negocio del servicio de comunicación audiovisual; el segundo, al monopolio de Antel en la trasmisión de datos con plataforma de Internet; el tercero, a la regulación de la publicidad electoral y, el cuarto, muy extenso, corresponde a la regulación de contenidos.

Es por definición una ley restrictiva de libertades, entendiendo la libertad en el sentido más puro de la palabra y basándonos en el concepto que cada vez que hay regulación, existe de una u otra manera limitación de libertad. En la comparecencia a la Comisión de Industria de especialistas en derecho constitucional señalaron que va en contra con lo preceptuado en el artículo 29 de la Constitución, respecto del principio fundamental de libertad de expresión de comunicación.

Se trata de una normativa legal inconveniente porque es ideológica, parcial e inconstitucional en algunos aspectos. A la larga, la Suprema Corte de Justicia dictó sentencia de inconstitucionalidad a algunos recursos que se presentaron por determinados artículos.

Dicha Ley habilita de por sí un régimen estatista, autoritario, intervencionista y limitativo de la libertad, al decir del Dr. Delpiazzo.

Es autoritario porque existe un abuso de controles oficiales, bajo el control de distintos organismos como es el caso de la URSEC, la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), el Instituto de Derechos Humanos, el Inau, el Ministerio de Educación y Cultura, la Dinatel, y la creación de algunos organismos tales como Consejo de Comunicación Audiovisual, y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Pública, en clara contravención a lo establecido en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, cuyo párrafo 3 preceptúa: “ No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales”.

Crea el Consejo de Comunicación Audiovisual tiene entre sus competencias: asesorar al Poder Ejecutivo y a sus organismos competentes aportando insumos para la formulación, instrumentación y aplicación de la política de comunicación audiovisual; hacer cumplir la ley, sus reglamentaciones, las resoluciones emanadas del mismo y los actos jurídicos habilitantes de la prestación de servicios, dentro de su competencia, e inclusive la de fiscalizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley.

Consideramos que es un tema particularmente muy importante para nosotros se llegue por parte de la Asamblea General a un criterio equilibrado de selección en la integración del mismo, ya que este organismo va a controlar los servicios de comunicación audiovisual, o sea, los medios de comunicación, dentro de lo que pueda controlar; obviamente, queda afuera Internet. Sobre todo en la entrada a un año electoral con la suspicacia que ello puede provocar porque cada vez que se sancione a un medio de comunicación.

Respecto al régimen sancionatorio, el mismo acota deliberadamente el accionar de los medios. Todos sabemos que si la ley se aplica con un criterio muy estricto, gran cantidad de medios de comunicación, particularmente del interior y, especialmente, radios y canales de televisión, van a ser sancionados.

Se tipifican una infinidad de conductas pasibles de sanción, más precisamente 66, con una cuantía excesiva y desproporcionada en el monto de las multas, respecto de la realidad que atraviesan la gran mayoría de los medios de comunicación audiovisual en nuestro país.

En definitiva a nuestro entender estamos ante una Ley peligrosa; por un fuerte contenido ideológico, estado grande, controlador y caro; inconstitucional varios artículos, se sigue modificando y se continua para nosotros con las inconstitucionalidades (esperamos que el Presidente cumpla y no se reglamente hasta no se levanten las inconstitucionalidades tal como dijo): anacrónica, queda afuera internet, fuera de tiempo, mucho pasado poco futuro; inaplicable por su sistema sancionatorio, muchos medios interior difícilmente subsistan; restrictiva de las libertades.

El Sector TODOS, en su propuesta de líneas programáticas plantea derogar la mayor parte del articulado de la Ley de Medios, y sancionar una nueva Ley de Telecomunicaciones.

Los Equipos Técnicos están analizando, en este momento, con mayor profundidad, la posibilidad o viabilidad de derogar algunos artículos, o toda la Ley, lo cual se plasmará finalmente en la Agenda de Gobierno, que Lacalle Pou presentará a la ciudadanía el marzo de 2019, de cara a las elecciones internas.