Nuevamente la violencia e inseguridad ha hecho que se mencione a Toledo en la denominada “crónica roja”, en esta oportunidad los vecinos que ubicaron y detuvieron a uno de los rapiñeros, evitaron por milímetros ser ellos también procesados.

Es que la línea entre lo legal y lo ilegal es muy fina en estos casos, donde la ausencia del Estado y la inoperancia de la Policía, provoca esta respuesta ciudadana.

Los vecinos se organizan, se arman, y patrullan las calles, cuando debiera ser el Ministerio del Interior quien destinara eficazmente sus recursos para proteger a los habitantes de Toledo de esta delincuencia cada vez más violenta. Y el riesgo lo corren quienes se sienten con la obligación de proteger a sus vecinos, frente a tanta impunidad. Se llegó a instalar una suerte de “patrullaje civil” que, al poco tiempo debió suspenderse, advertidos de las consecuencias de ejercer “justicia por mano propia”.

Es que resulta muy difícil hacer entender ese concepto, cuando sufren a diario los desmanes de quienes se creen “dueños” de los barrios, y las autoridades públicas no logran imponerse como debieran. Surge la indignación por la injusticia que sienten padecen al ser violentados en sus personas o bienes. Buscan defenderse y actuar sin demoras.

Se está viviendo un clima de gran temor e inseguridad, por los robos, las rapiñas e incluso por las muertes de comerciantes y gente de trabajo a manos de inadaptados sociales que, con antecedentes penales o sin ellos, muestran un gran desprecio por la vida de los otros y lo que es peor, una nula empatía por las víctimas de sus desmanes. Ni advierten las consecuencias de los daños que causan. Se han perdido hasta códigos básicos de convivencia.

En el caso que motiva esta opinión, la enfermera del Hospital Policial que fue objeto de rapiña al poco de llegar a la parada del ómnibus de madrugada, donde se encontraban dos hombres con ropa de trabajo, pensó inicialmente que nada le pasaría pues reconoció a uno de ellos como que “era del barrio”. Sin embargo, ambos –objeto punzante mediante en su espalda- le exigieron que les entregara todo.

La intervención de otros vecinos, le permitió a la enfermera recuperar finalmente sus cosas, evitando incluso tener que pagar una suerte de “peaje” por su devolución. Pero la detención y conducción del delincuente no fue “legal” y por ello, quienes salieron en su defensa y en la recuperación de sus efectos, se expusieron a ser procesados penalmente.

Hasta cuándo habrá que soportar la inseguridad que se ha adueñado de la calle? Hasta cuándo tendremos que vivir enrejados? Tal vez, nos debamos acostumbrar a esta nueva realidad social, donde se ha visto modificado hasta el lenguaje de quienes delinquen.

Es cierto que el flagelo de la droga ha complicado aún más la persecución de los delincuentes, pero con toda la tecnología disponible, no se alcanza a comprender la ineficacia del Ministerio del Interior para cumplir con el mandato constitucional que le impone, cuidar de nuestra vida, honor, seguridad y propiedad.

De eso se trata, ni más ni menos.

Dr. Marcelo Gioscia