El proyecto fue aprobado con 54 votos en 91, con el apoyo de todos los partidos políticos que integran la coalición de gobierno excepto el Partido Independiente. El Frente Amplio tampoco votó a favor de la iniciativa.

La diputada colorada, Nibia Reisch, autora de la iniciativa, explicó que "a través de este proyecto estamos habilitando a que una persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca de una adicción a cualquier tipo de drogas, pueda expresar su voluntad manifestando querer ser sometida a una internación para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social, precisamente para cuando luego esa persona se encuentre bajo los efectos de su drogadicción", ya que, según explicó, "cuando está bajo los efectos de la droga se resiste".

"El proyecto a su vez dota de garantías para las personas -amplió Reisch- ya que prevé que serán los profesionales médicos, los psiquiatras tratantes, quienes determinen que la persona se encuentre capaz y en situación de adicción a las drogas".

La diputada aclaró que "por eso, pese a algunas críticas que en tal sentido ha hecho la oposición a este proyecto, sostenemos que no hablamos de una internación compulsiva y que no hay una violación de la libertad personal".

Con respecto a esto último, aseguró que "la manifestación de voluntad se hace de modo personalísimo, esto es, por el propio sujeto, en el momento en que su querer es libre, consciente y voluntario, hallándose la persona en un estado de lucidez mental. El proyecto sólo señala que esa manifestación de voluntad mantendrá su plena eficacia aún cuando luego esa persona se encuentre bajo los efectos de la adicción o un estado de incapacidad por tal razón y se resiste al tratamiento. La duración del tratamiento sigue siendo decisión médica".

La diputada Cristina Lustemberg, del Frente Amplio, calificó de "innecesaria y contraproducente la creación de esta ley". Indicó la legisladora que hablaba en representación de "la asesoría que cumplimos dentro de la Comisión de Salud, el informe en minoría como Bancada del Frente Amplio". Leyó que dicho informe señala textualmente que "el proyecto presentado propone una situación que vulnera "el derecho de toda persona a su autodeterminación, en cuanto a que si bien concede la potestad de que pueda en forma anticipada decidir sobre su internación compulsiva, esta decisión se vuelve irrevocable durante el período de internación".

Lustemberg afirmó que "este proyecto de ley se considera impreciso y desactualizado; carece de arbitrajes y de garantías; tiene graves problemas de legalidad; pretende regular aspectos ya contenidos en una ley de amplio consenso político, académico y social, como es la ley de salud mental; cree en soluciones únicas, mágicas y rígidas; y eso, para las personas, para las familias que atraviesan esta situación, hay que tenerlo muy en cuenta".

La diputada frenteamplista sostuvo también que el proyecto "desconoce y contradice los estándares internacionales para el tratamiento de la drogodependencia, entre las que se encuentra la adhesión al tratamiento por parte del adicto en todas sus etapas, y el enfoque necesariamente interdisciplinario, y abarcativo de las distintas aristas que involucra. Ignora al ámbito científico y académico y además, al propio Poder Ejecutivo del gobierno actual".

Concluyó Lustemberg que la respuesta efectiva y eficaz a la demanda de estas familias y de la comunidad nos exige, a todo este cuerpo, a todo el poder Legislativo, a todo el poder Ejecutivo, a la asignación de recursos para que se realicen en un plazo perentorio la reglamentación de los dispositivos que ya han sido creados por la normativa, para asegurar la cobertura a nivel fe todos los departamentos y la abarcabilidad de las dimensiones, ej la educación, prevención y atención.

Fuente: Sesión de la Cámara de Diputados del 13/10/21, difundida públicamente.